15 de noviembre de 2026

Con esta guía se puede comprobar, en una tarde, si la norma municipal sobre asociaciones cannábicas que alguien enseña como vigente lo está de verdad. Sirve para juntas de asociaciones, para vecinos y para cualquiera que haya encontrado un PDF de ordenanza en la web de un ayuntamiento y no sepa si vale.
Varios ayuntamientos catalanes aprobaron entre 2015 y 2016 ordenanzas o planes urbanísticos con distancias y condiciones para estos locales, y parte se anuló después en los tribunales. Los textos, en cambio, se quedaron colgados en las webs municipales, y quien los encuentra no tiene forma de saber, a simple vista, si valen.
Antes de mirar el municipio conviene tener claras dos cosas que no dependen de él.
La primera es que en Cataluña no hay ley autonómica de asociaciones cannábicas. La Llei 13/2017 se aprobó en julio de 2017 y el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional y nula entera en la STC 100/2018, de 19 de septiembre, porque al regular el abastecimiento y la dispensación invadía la legislación penal, que es del Estado. El texto consolidado en el BOE lo indica en la cabecera.
La segunda es la doctrina del Tribunal Supremo sobre los ayuntamientos. Desde la sentencia 280/2019, de 5 de marzo, la Sala de lo Contencioso sostiene que un ayuntamiento no puede regular los clubs ni siquiera con el urbanismo como título, porque esa regulación "tiene una incidencia innegable sobre la delimitación del tipo penal". Lo repitió en la STS 129/2022, de 3 de febrero, que reproduce esa cita y recuerda otros cinco recursos de casación idénticos, ya desestimados.
Con eso, lo que hay que averiguar de cada ordenanza es si alguien la recurrió y qué dijo el tribunal.
Una ordenanza municipal no entra en vigor hasta que su texto íntegro sale en el Butlletí Oficial de la Província y ha pasado el plazo del artículo 65.2 de la misma ley, como exige el artículo 70.2 de la Ley 7/1985. La web del ayuntamiento puede tener una versión anterior, un borrador de aprobación inicial o un PDF sin fecha, así que la referencia buena es la del boletín.
Cada provincia tiene el suyo, con buscador:
| Provincia | Boletín | Dónde |
|---|---|---|
| Barcelona | BOPB | bop.diba.cat |
| Girona | BOP de Girona | ddgi.cat/bop |
| Lleida | BOP de Lleida | bop.diputaciolleida.cat |
| Tarragona | BOPT | dipta.cat/bopt |
Se busca por el nombre del municipio y la palabra "cànnabis" (en catalán, que es como se publican casi todos estos anuncios). Lo que interesa es el anuncio de aprobación definitiva con el texto completo y su fecha.
Un ejemplo de por qué no basta con la web municipal: el Ayuntamiento de Mataró sigue ofreciendo en su apartado de normativa el PDF de su ordenanza de 2015, con 500 metros entre clubs y 300 metros a centros educativos y de salud. Que el PDF esté ahí no dice nada sobre si sigue vigente. Eso se comprueba en los pasos siguientes.
El Ajuntament de Vilassar de Mar aprobó su ordenanza en marzo de 2016 y la defendió hasta el Supremo. Foto: 1997, CC BY-SA 3.0
Hay dos sitios donde mirar, y conviene mirar los dos.
El primero es el propio BOP. Una sentencia firme que anula una disposición general tiene efectos para todos "desde el día en que sea publicado su fallo" en el mismo periódico oficial en que salió la norma (artículo 72.2 de la Ley 29/1998). En el buscador se escribe el nombre del municipio junto a "execució de sentència" o "part dispositiva". Así se encuentra, por ejemplo, el anuncio del BOPB de 14 de marzo de 2024 en el que el Ajuntament de Barcelona publica el fallo de una sentencia del TSJC de 17 de junio de 2019 sobre su Pla especial urbanístic de clubs de 2016.
El segundo es el buscador de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial, el CENDOJ. Se filtra por órgano (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o Tribunal Supremo) y se busca el nombre del municipio con "cannabis". Los ayuntamientos pueden tardar en publicar el fallo en el BOP, y la sentencia puede estar antes en el CENDOJ.
El caso de Vilassar de Mar muestra el recorrido completo. El Ple aprobó la ordenanza el 17 de marzo de 2016, la Delegación del Gobierno en Cataluña la recurrió, el TSJC la anuló en su sentencia 753/2019, de 22 de julio, y el Supremo rechazó el recurso del Ayuntamiento en la STS 129/2022 citada arriba. A partir de ahí la anulación es firme.
Una sentencia puede anularlo todo o solo una parte, y la diferencia importa.
El anuncio del BOPB de 2024 es un buen ejemplo. Esa sentencia de 2019, dictada a raíz del recurso de una asociación de Granollers, "estima parcialmente" y declara la nulidad únicamente de la disposición adicional del plan de Barcelona, y desestima todo lo demás. Leída sola, esa sentencia no dice si el plan sigue en pie, porque el mismo plan tuvo otros recursos. Según 3cat, el TSJC concluyó que regular los clubs no era competencia municipal y el Supremo lo confirmó, y en julio de 2024 el Ajuntament anunció una campaña de inspecciones y cierres.
Por eso, cuando aparezca una sentencia, hay que comprobar tres cosas: quién recurrió, si el fallo dice "estimamos" o "estimamos parcialmente" y qué artículos nombra. Y seguir buscando, porque una norma puede tener más de un pleito abierto.
Can Serra, sede de la Diputació de Barcelona, que edita el BOPB. Foto: Enfo, CC BY-SA 3.0
Que un ayuntamiento no pueda regular los clubs no le impide ordenar los usos comerciales de un barrio. Los planes de usos y las suspensiones de licencias que afectan a las tiendas de productos de cultivo tienen otra base y otro régimen, y se publican en el mismo BOP. Si lo que se está mirando es un local de venta, el paso 1 se repite buscando planes de usos y suspensiones de licencias en lugar de ordenanzas de clubs.
Lo último no tiene que ver con el ayuntamiento, pero suele ser lo siguiente que se pregunta. Una asociación con sede en Cataluña se inscribe en el registre d'associacions del Departament de Justícia, que es público. Cualquier persona puede pedir una certificación de datos registrales y ver con qué nombre, domicilio y fines consta. Que figure inscrita solo acredita que existe como asociación, y no acredita nada sobre la actividad del local.
Si después de estos pasos queda una duda sobre un caso concreto, lo que toca es un abogado, no otra búsqueda.